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El acceso a los servicios de salud pública se ve afectado por diversas causas en los países en vías de desarrollo. Uno de los factores más importantes es la falta de investigación y el desarrollo de medicamentos para patologías que afectan en su mayoría a los países pobres.

Otros factores que afectan al sistema de salud es la poca o nula producción de medicamentos, la escasez de personal sanitario, las carentes o pobres políticas de financiamiento sanitario, los sistemas de distribución e infraestructuras inadecuados y los tratamientos demasiado largos que obligan al abandono de los mismos. Sin lugar a dudas, hay consenso en que uno de los principales obstáculos es el alto precio de los medicamentos. De ahí que haya surgido la necesidad de determinar el “precio equitativo”. En atención a este concepto se deben definir políticas que se rijan por el principio de equidad y en las cuales el precio del fármaco sea justo y asequible.

En tal sentido, en 1994, el Acuerdo sobre los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (ADPIC), se incorpora a los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio (OMC), con el objetivo de regular los derechos de propiedad intelectual (DPI) en todos los ámbitos, incluida la salud pública, y garantizar los derechos de comercialización exclusiva a un producto patentado durante un período de al menos 20 años.
Sin embargo, gracias a la presión ejercida por la sociedad, en noviembre 2001 se firmó la Declaración sobre ADPIC y salud pública, en donde se afirma la primacía de la salud pública sobre los derechos de propiedad intelectual. Pero este Acuerdo aún deja sin resolver un tema primordial: en uno de sus artículos, el ADPIC prohibía la exportación de fármacos genéricos entre los países miembros de la OMC, por lo que aquellos países (en especial los países en desarrollo) que no tuviesen capacidad de producción nacional, se verían abocados bien a comprar los carísimos medicamentos patentados o a no abastecer al país.

La solución a este problema se estableció a fines de 2003, en cuya nueva Declaración se ha incluido una fórmula para que estos países puedan importar genéricos. Si bien es cierto que han habido avances en las negociaciones, aún no se han obtenido los resultados deseables; esto debido principalmente que la solución propuesta incluye una serie de trabas burocráticas que complican su aplicación y dejan a los países exportadores a merced de la presión de las compañías farmacéuticas y de los gobiernos que las apoyan. Como resultado, se estima que a mediano y largo plazo el precio de los genéricos aumentará poniendo en riesgo la existencia misma de esta industria alternativa.

Hasta ahora el instrumento utilizado por los países en vías de desarrollo para acceder a los fármacos baratos es la importación o producción de genéricos, lo cual supone una tabla de salvación para las familias de bajos ingresos. Sin embargo ahora el ADPIC amenaza con hundir esta vía. Es de destacar que la patente puede ser un factor determinante a la hora de adquirir un fármaco ya que los estudios indican que los precios pueden aumentar hasta un 200%. Este Acuerdo tiene además otro importante efecto sobre los precios, pues al mantener una comercialización exclusiva durante 20 años, no permite que los genéricos entren en el mercado y compitan entre si favoreciendo que se reduzcan considerablemente los precios y haciéndolos, por lo tanto, mucho más asequibles.

Además este problema se ve acentuado por las propias características del sistema sanitario público de los países en vías de desarrollo. Debido a que en estos países, la mayor parte del gasto sanitario no sale de los presupuestos nacionales de sanidad o de los sistemas de seguros, sino que esa responsabilidad del/los usuarios. Por lo tanto, el coste del tratamiento de las enfermedades es con frecuencia prohibitivo. Lo que supone que en última instancia las familias retrasen o ni siquiera busquen la atención médica que requieren. También puede ocurrir que se vean obligados a desviar los recursos de otras áreas esenciales, tales como la educación o la alimentación a la compra de medicamentos, con los efectos a largo plazo que ello conlleva.

Las patentes han sido defendidas por las empresas farmacéuticas en la medida que potencian y estimulan la I+D para nuevos medicamentos. Pero la verdad es que sólo el 10% de la I+D a escala mundial se dirige a las enfermedades responsables del 90% del problema sanitario mundial. Salvo el VIH/SIDA, las principales enfermedades que sufren los países pobres afectan a los países ricos de manera muy indirecta. En base a este principio y teniendo en cuenta la mínima capacidad de compra de los países en vías de desarrollo, la inversión que se destina a I+D para las enfermedades en estos países es casi inexistente. Esto supone que no se creen nuevos fármacos que permitan prevenir ni curar ninguna de las enfermedades que están costando millones de vidas en los países pobres.

En vista de toda esta situación es necesario que se planteen iniciativas teniendo en cuenta los diversos actores afectados y tratando de abarcar las múltiples esferas del mismo. La próxima revisión del ADPIC debería incluir una evaluación global de sus efectos sobre la asequibilidad y disponibilidad de las medicinas en los países pobres. Por otro lado, dada la falta de interés comercial por investigar las enfermedades infecciosas de estos países, se debería establecer un fondo público internacional que tuviese una estrategia a largo plazo y cuya financiación tuviese carácter vinculante. Por su parte, las empresas farmacéuticas deberían hacer extensibles las iniciativas que han venido haciendo recientemente para reducir los precios de los fármacos básicos para los países pobres.